¿Son financieramente sostenibles las prestaciones sanitarias y sociales?

Es más importante hacer reformas que recortar. No podemos ir recortando y sin embargo seguir siendo igual de ineficientes.

Ignacio Para Rodríguez-Santana
FUNDACION BAMBERG

Recientemente tuve la oportunidad de interactuar con representantes de colectivos de pacientes y de profesionales sanitarios: médicos, enfermeros, farmacéuticos, y representantes de sindicatos profesionales (no políticos). De todos se desprendió sensatez, objetividad y aportaciones positivas. Quiero hacer hincapié en el pensamiento que subyace en el colectivo sanitario y, yo diría de la mayoría de los ciudadanos respecto a los recortes en sanidad:

Lo primero que hay que recortar son los gastos de una Administración Pública hiperinflada: 3 millones de funcionarios, 17 autonomías con sus gobiernos, parlamentos, 7.000 ayuntamientos, diputaciones, televisiones, empresas y fundaciones públicas, 20.000 asesores, etc. más los chiringuitos disfrazados de ONG que viven de las subvenciones. Gastos innecesarios, subvenciones a organismos extranjeros, gastos exagerados de representación, coches de alta gama, choferes, guardaespaldas, etc.…

Esto va acompañado de un galimatías legislativo –con más de 100.000 leyes y en el que cada año se promulgan unas 250 leyes de primer nivel– y un galimatías organizativo y competencial que incide gravemente a la equidad y en la eficiencia de nuestro sistema político y administrativo y, por ende, en nuestro sistema sanitario, y que recientemente se ha puesto en evidencia con ocasión de la crisis provocada por el coronavirus chino.

No se puede asumir sin atragantarse los recortes en prestaciones sociales y las reiteradas subidas de impuestos, mientras no se vean también recortes en la propia estructura de la administración central y autonómica del Estado.

La salud es un bien común primordial y estratégico para un país y es obligación del gobierno proveer de los medios para salvaguardarla y conseguirla. La protección de la salud es además un mandato constitucional.

El gasto público en salud es bajo en proporción a nuestro PIB, por debajo del dedicado en las naciones de nuestro entorno, y parece que este gobierno, por mucho socialista que se diga, no está dispuesto a subirlo sino, según parece, a bajarlo. En las asignaciones de los fondos europeos, el dedicado a sanidad es claramente bajo e insuficiente. Asó que lo primero que hay que reivindicar es que se aumente, al menos en un punto del PIB, el gasto dedicado a la Sanidad, a la Salud de nuestros ciudadanos.

Pero si el presupuesto no diera para más, antes de simplemente recortar, es necesario conseguir niveles de eficiencia mucho mayores. Hay que gastar mejor el dinero que los ciudadanos aportan cada año al erario público.

Es más importante hacer reformas que recortar. No podemos ir recortando y sin embargo seguir siendo igual de ineficientes.

Porque, si no hubiera más remedio que recortar en sanidad, hay que priorizar por donde empezamos y qué es lo que se recorta, como por ejemplo recortar gastos administrativos, recortar en patologías menores y recortar en prestaciones y medicamentos baratos, aunque de gran consumo, excepto para las rentas más bajas.

Y de esta manera, focalizar los recursos en mantener lo esencial: las graves patologías que atentan la vida y la estabilidad económica, laboral y emocional de las personas y las familias, como es el caso del cáncer.

No podemos poner en peligro lo esencial por el hecho de atender lo accesorio. Por mucho que aparentemente esto pueda hacer perder votos o generar protestas.

Protestando, pataleando, gritando, haciendo huelgas, para que todo siga igual, no vamos a conseguir la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Solo conseguiremos una degradación más rápida del mismo y un trasvase de los ciudadanos hacia la sanidad privada quedando un SNS solo para pobres. Convirtiéndose en un sistema de beneficencia.

Hay que buscar nuevas fórmulas que induzcan a la mejora de la eficiencia, de la innovación, de la excelencia médica, de la calidad asistencial y de los resultados en salud para los pacientes y la población en general.

Y estas fórmulas tienen que pasar por la implicación de los profesionales, por su responsabilidad, por su valoración por las administraciones públicas y por su reconocimiento por la sociedad. Los profesionales no deben ser meros funcionarios que trabajan peonadas. No es este el perfil deseado. Es en la mano de los profesionales sanitarios donde está el conocimiento y donde están las soluciones. Y esto es lo que desde la Fundación Bamberg buscamos trabajando con expertos y realizando propuestas, no ya solo de qué hay que hacer, sino también de cómo podemos llevarlo a cabo con éxito.

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